Luego de una visita de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la crisis política y social posterior a las elecciones de octubre de 2019, el gobierno transitorio firmó un acuerdo para la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia acaecidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Así se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por cinco expertos en derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá, además de Jaime Vidal, secretario ejecutivo del grupo.
Durante ocho meses, el grupo de expertos hizo un arduo trabajo, realizando más de 400 entrevistas, visitando los lugares de los hechos y recopilando todo tipo de información, la misma que fue resumida en un informe final, cuya presentación se llevó a cabo hoy de manera virtual.
El informe confirma muchas de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, entre ellas el uso excesivo de la fuerza: “El GIEI observó que la respuesta del Estado boliviano a las manifestaciones y protestas que tuvieron lugar principalmente entre octubre y noviembre de 2019 se caracterizó en algunos eventos por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y, en otros, por una actitud de omisión o renuente a brindar seguridad pública, antes y después del cambio de gobierno. Esta conducta resultó en graves violaciones de los derechos humanos. Un patrón de conducta en la policía, y también en el Ejército cuando participó, es el uso prematuro, recurrente y excesivo de gases lacrimógenos y dispositivos lanzagranadas”.
Del mismo modo, más adelante, el informe reconoce las masacres de Sacaba y Senkata, puntualizando que, si existieron negociaciones, estas fueron posteriores a la confrontación con los bloqueadores. En los casos más graves vistos por la Comisión, se identificó “una actuación abusiva, ilegal y arbitraria” con el empleo de armas de fuego que ocasionaron la muerte tanto de transeúntes como de manifestantes.
En sus intervenciones individuales, los expertos también coincidieron en que sí existieron actos de violencia en Senkata y Sacaba que pueden ser considerados una masacre por el gran número de ciudadanos que fueron asesinados por la policía y las fuerzas armadas.
Finalmente, como una de las conclusiones, se hizo un llamado de justicia: “Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas”.