La asambleísta del departamento de Potosí, Azucena Alejandra Fuertes Mamani, ejerce de manera ilegal el cargo porque según su Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Unidad Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales del Consejo de la Magistratura tiene una sentencia penal con fecha 27 de agosto del 2018 dictada por el juzgado 200.
Esta circunstancia complica de sobremanera a la política, ya que, según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, “Andrés Ibáñez”, en su Artículo 149, parágrafo II, señala “Tratándose de asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales, si la destitución con motivo de la sentencia condenatoria ejecutoriada se produjese, la sustituta o sustituto suplente adquirirá titularidad hasta la conclusión del periodo”, situación que se adecúa a este caso.
El 8 de agosto de 2020 ganó un Amparo Constitucional, para retornar a su curul de concejal, mismo que no la habilitaría para ser Asambleísta.