El gobierno nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, anunció que no permitirá el avasallamiento de tierras y que se otorgará seguridad jurídica a los productores, esto con el fin de garantizar la seguridad alimentaria.
Luego de la Reforma Agraria de 1953, existía una gran desigualdad en la repartición de las tierras en Bolivia, donde el 70% de la tierra, que suma alrededor de 39 millones de hectáreas, estaba concentrada en manos de terratenientes y sectores empresarios. Solo el 30% de la tierra, alrededor de 17 millones, estaba en manos de indígenas originarios campesinos.
A partir de 2006 esta situación cambió radicalmente, y ahora las naciones indígenas originarias campesinas del país detentan el 55% de las tierras, un 30% se consolidó como parques nacionales, áreas protegidas o tierras fiscales y los “terratenientes” solo poseen el 15% de las mismas.
Los títulos agrarios entregados por el gobierno nacional tienen la ventaja de estar inscritos en Derechos Reales, por lo que ningún avasallador o traficante de tierra puede disputarles a los dueños su derecho propietario.
Gracias a los títulos, los productores podrán acceder a créditos y beneficiarse de los proyectos gubernamentales como el PAR III, riego tecnificado, represas y otros. En 2021, se entregaron 40.846 títulos ejecutoriales, este 2022 se espera que se entreguen 150.000.