Cinco de las siete “resoluciones” leídas en el cabildo cruceño del día de ayer plantean “mandatos” que violan la Constitución Política del Estado, así como las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto a la “creación de una guardia departamental”, esta violaría la Constitución por cuanto la Policía Nacional ejerce “la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado”.
Lo mismo sucede con la propuesta de establecer un Defensor del Pueblo departamental, pues la Gobernación de Santa Cruz no tiene esta atribución dentro de sus competencias. Según la CPE, en su Artículo 161.8, dice que son las Cámaras de Senadores y Diputados las que deben designar al Defensor del Pueblo.
En cuanto a las reformas en la elección de jueces y fiscales parece existir una contradicción, pues se plantea una recolección de firmas para la que sea una comisión nominadora la que elija candidatos a jueces y fiscales, y a la vez se plantea que estos sean nombrados por la Asamblea Departamental.