En el marco de su campaña política, Manfred Reyes Villa planteó la emisión adelantada de bonos de litio como una estrategia para recaudar 10 mil millones de dólares y enfrentar la crisis económica que enfrenta nuestro país. Sin embargo, diversos factores constitucionales, económicos y técnicos hacen que esta propuesta sea poco factible.
Uno de los principales obstáculos para esta iniciativa es que es inconstitucional emitir bonos sobre recursos naturales, en este caso, la salmuera boliviana de la que se extrae el litio. La Constitución Política del Estado establece que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y cualquier acción sobre ellos debe someterse a mecanismos de consulta. En este sentido, la “hipoteca” de estos recursos sin una revisión exhaustiva de la normativa vigente resulta inviable.
Por otro lado, si la emisión de bonos estuviera basada en el carbonato de litio ya extraído, sería imprescindible contar con una normativa económica específica para los recursos evaporíticos. En ausencia de esta regulación, la propuesta carece de sustento legal y financiero.
Desde una perspectiva económica, también existen riesgos significativos para el Estado. La emisión de bonos con base en recursos naturales como garantía podría resultar en una deuda desproporcionada debido a la volatilidad del mercado. Actualmente, el precio del litio se encuentra en su punto más bajo, lo que significa que el Estado podría recibir un valor inferior al real. Como ejemplo, si se emitieran bonos por 9.000 dólares estadounidenses, en el futuro podría ser necesario devolver hasta 35.000 dólares, generando una carga financiera insostenible en un futuro.
Además, la calidad del litio boliviano también presenta un desafío: la salmuera en Bolivia tiene altos niveles de magnesio, lo que incrementa los costos de extracción y reduce la competitividad del recurso en el mercado internacional. A esto se suma el hecho de que el puerto más cercano para la exportación se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia, en Chile, lo que eleva aún más los costos logísticos.
En este sentido, la propuesta de Manfred Reyes Villa carece de un análisis técnico y financiero sólido, y se perfila más como un recurso de campaña política que como una solución viable para la crisis económica del país.