A las 11:00 de la mañana de hoy, personal del Ministerio Público, a la cabeza de la fiscal Rosmery Barrientos, y uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llevaron a cabo el allanamiento de las oficinas de la Gobernación de Santa Cruz, esto en medio de la investigación por los delitos: resoluciones contrarias a la Constitución, leyes y al Estatuto Autonómico de Santa Cruz, incumplimiento de deberes y manipulación informática, por los cuales se investiga al gobernador Luis Fernando Camacho.
Luego de haber asistido a un evento en Brasil, Camacho delegó la gobernación cruceña a su secretario, pese a que lo que correspondía era dejarla al vicegobernador. Este hecho no solo puso de manifiesto conflictos dentro de su gabinete, sino que vulneró las normas, pues el vicegobernador, Mario Aguilera, fue despojado de sus competencias y autoridad.
Estas irregularidades fueron dadas a conocer por el asambleísta, Clemente Ramos, quien también se refirió a la publicación del Decreto 373 (con el que el gobernador daba atribuciones a su secretario) en la gaceta oficial. Al ser cuestionado por este hecho, Fernando Camacho culpó a exfuncionarios y terceras personas, tal vez relacionadas al MAS. Sin embargo, esta versión carece de credibilidad por cuanto su firma figura en los documentos publicados.
En los últimos días, la gobernación cruceña ha sido muy cuestionada por el caso de los ítems fantasma, la presencia de nepotismo, y, más recientemente, el haber dejado caducar 70.000 vacunas, lo que significa una gran pérdida económica para el Estado y un perjuicio para la salud de los bolivianos.