Sectores de los nueve departamentos se manifestaron en contra de las movilizaciones anunciadas para mañana por algunos Comités Cívicos del país. Esto incluye a alcaldes, gobernadores y empresarios privados, entre otros.
En Tarija, el presidente de la Federación de Empresarios Privados, Marcelo Romero, criticó a las movilizaciones y opinó que estas perjudican a su sector, también puso en duda la representatividad del Comité Cívico, que, según él “no representa a nadie”, por lo que su lucha no sería verdaderamente cívica. Su homólogo cochabambino también se mostró en contra de las medidas e informó que las pérdidas para su departamento suman los 4 millones de bolivianos por día.
El alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, rechazó también cualquier tipo de conflicto que perjudique al desarrollo del país, y pidió paz y unidad entre los bolivianos para continuar con la reactivación económica.
El transporte público en Cochabamba, a través de sus representantes, también rechazó las medidas de presión y dijo que desarrollará sus actividades con normalidad.
En Chuquisaca, la dirigencia de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos originarios Campesinos de Chuquisaca (FUTOPCH) anunció marchas pacíficas condenando la impunidad exigida por los Comités Cívicos de otros departamentos, en este contexto, el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Wilmar Aguirre, señaló que el departamento rechaza las movilizaciones en defensa de Luis Fernando Camacho, y que no serán parte de la convocatoria para este 10 de enero.
Por su parte, los Gobiernos Autónomos Municipales del Beni (AMDEBENI) marcharán este 11 de enero para exigir el cese de la violencia extrema y la quema de instituciones públicas y privadas por la Unión Juvenil Cruceñista y sectores afines a Luis Fernando Camacho. Otras movilizaciones similares se darán a la cabeza de la Central Provincial Tomás Frías del departamento de Potosí, la misma que se declaró en estado de alerta ante movimientos que pretenden convulsionar al país.
A esta corriente también se sumó el gobernador de Oruro, Adhemar Wilcarani, quien señaló que: “se debe investigar y sancionar con todo el peso de la ley a quienes tuvieron participación durante el golpe de Estado de 2019 y que segó la vida de varias personas”.