Este 27 de mayo, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado acerca del estado del proceso llevado a cabo contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala sobre los actos cometidos por estos ente 2019 y 2020:
“El Ministerio de Gobierno informa a la opinión pública en su condición de parte acusadora contra la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) lo siguiente:
Los acusados Yassir Esteven Molina Lozada, Milena Sotto López, Mario Antonio Bascopé Revuelta, que organizados entre noviembre de 2019 y 2020 operaron como grupo armado para atentar contra la seguridad interna del Estado y cometer delitos que van desde secuestro, tortura, vejámenes, privación de libertad, discriminación, atentados contra la salud, destrucción o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional en la ciudad de Sucre, así como tenencia, fabricación y ensamblado de armas de fabricación artesanal o casera, más conocidas como bazukas, han sido notificados con las acusaciones fiscal y particular del Ministerio de Gobierno para que hasta el 6 de junio del presente año presenten sus pruebas de descargos para el inicio del juicio oral público y contradictorio, en el que solicitamos la pena máxima de 20 años de presidio”.
Las reacciones ante el comunicado no se dejaron esperar, por ejemplo, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, publicó a través de sus redes sociales:
“La Resistencia Juvenil Cochala (TJC) es un grupo armado paramilitar, grupo criminal corresponsable por las masacres y violencia generalizada del golpe de 2019. Excelente ejemplo del gobierno #Bolivia que da cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y del GIEI para desmantelarlo”, publicó Abrão.
Por otro lado, a su favor se manifestó el Comité Pro Santa Cruz, el cual en un comunicado titulado “Por los jóvenes de RJC que defendieron la democracia” expresaron que el proceso en contra de los miembros de esta agrupación se dio por “un acto de venganza” y llamó a “apoyar y respaldar” a los “jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala”, indicando que las manifestaciones de 2019 tuvieron un carácter pacífico.
Sin embargo, el informe del GIEI concluyó, respaldado por testimonios, videos fotografías y otros, que se trata de un grupo no pacífico sino armado, que generó violencia en varias ciudades del país.
