La Federación de Cooperativas Mineras del Sur (FEICOMIN) solicitó en su pliego petitorio entregado al Gobierno la anulación de la Reserva Fiscal establecida por la Ley Nº 2564 sobre el Salar de Uyuni, con el objetivo de acceder a esa área para realizar actividades de exploración y explotación minera. La demanda genera preocupación entre ambientalistas y la población en general debido a los riesgos ecológicos que implicaría intervenir uno de los ecosistemas más emblemáticos del país.
El Salar de Uyuni, declarado Reserva Fiscal en 2003 mediante la mencionada ley, comprende más de 2 millones de hectáreas protegidas por el Estado boliviano. Esta norma fue aprobada con el propósito de preservar la riqueza natural y los recursos evaporíticos del salar, limitando el acceso a concesiones mineras privadas y cooperativas. En su momento, también ordenó una serie de auditorías para anular derechos mineros previamente otorgados en la zona.
Ye en 2023, los mineros marcharon en la ciudad de La Paz exigiendo acceso a reservas fiscales, en esa ocasión, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Ruth Alípaz, señaló:
“Resulta paradójico que pidan seguridad jurídica, mientras vulneran la Constitución Política del Estado, los Convenios Internacionales y las leyes, porque en los últimos 17 años los únicos que no tenemos seguridad jurídica somos los pueblos indígenas, las Áreas Protegidas y la Madre Tierra, mientras ellos, los mineros, quieren apropiarse y destruirlo todo. Y encima nuestra defensa de derechos pretende ser criminalizada como avasallamiento”, afirmó.
Mientras tanto, miles de bolivianos lamentan que la minería contamine fuentes de agua dulce y extensos territorios para el beneficio de unos cuantos, pues del cien por ciento de las ganancias obtenidas, los mineros apenas pagan un 3 %.
