El aumento de precio de las materias primas de las ramas de confección, construcción y metal mecánica, entre otros, lleva a recapitular qué sucedió con la Planta Fundidora de Kallutaca, anunciada por la entonces ministra Teresa Morales, que hace ya casi diez años prometía revolucionar la industria metalmecánica en Bolivia reduciendo en gran medida los costos para este sector. Planta que sigue sin funcionar y representa una pérdida de más de 34 millones de dólares para el Estado.
En octubre de 2014, la entonces ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, anunciaba la construcción de una moderna Planta Fundidora de Chatarra en la localidad de Kallutaca, municipio de Laja del departamento de La Paz, misma que reduciría la exportación de chatarra en al menos un 20%.
“Nosotros deberíamos ser capaces de fundir nuestra propia chatarra y convertirla en perfiles de metal que es la que más se produce y más se necesita en la rama metal mecánica en Bolivia (…). Nos va a permitir una disminución del 30% de costo de producción en toda la rama metal mecánica en Bolivia. Estaríamos fundiendo en dos años más nuestra propia chatarra para poder producir perfiles de metal y otras cosas”, señalaba Teresa Morales en la ocasión.
Sin embargo, ya pasaron más de diez años y la planta nunca fue concluida ni puesta en funcionamiento. Lo que en su momento fue presentado como un avance estratégico hacia la industrialización del país, hoy es considerado uno de los proyectos fallidos más costosos del Estado boliviano.
Para concretar la iniciativa, el Gobierno creó, a través del Decreto Supremo Nº 2132, del 2 de octubre de 2014, la empresa pública “Sank’ayu”, cuya ejecución se financió con más de Bs 241 millones provenientes del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO), administrado a través del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM). Estos recursos, equivalentes a más de 34 millones de dólares, fueron comprometidos sin contar con un respaldo técnico sólido ni una estrategia industrial sostenible, por lo que el proyecto fracasó.
Actualmente, Bolivia continúa exportando materia prima e importando productos transformados a precios más elevados. El resultado: un gasto millonario sin retorno, sin generación de empleo ni impacto positivo en la industria nacional, pues el Tesoro General de la Nación tuvo que emitir Bonos del Tesoro para garantizar el crédito otorgado al SEDEM. Como la fundidora nunca produjo ganancias, el Estado estuvo obligado a cubrir la deuda con fondos públicos.
Sobre la responsabilidad de Teresa Morales en el caso, incluso el expresidente Evo Morales reconoció públicamente en 2015 su decepción con la entonces ministra: “Lamento mucho decir, me he sentido engañado, defraudado por la exministra de Producción”, declaró en su momento, evidenciando el malestar dentro del propio oficialismo ante los magros resultados de su gestión.
