Por: Martin Moreira, miembro de la Red Boliviana de Economía Política
La crisis inflacionaria que atraviesa Bolivia en 2025 ha tenido repercusiones significativas en la economía del país, afectando el poder adquisitivo de la población y elevando los precios de productos esenciales. Entre los diversos factores que contribuyen a este daño económico, destaca la crisis política interna, que ha obstaculizado la aprobación de leyes y créditos de manera malintencionada. A esto se suman el contrabando, la especulación y las malas prácticas comerciales, los cuales han intensificado este panorama inflacionario. Ante la previsión de que el contexto en 2025 se tornaría más difícil debido a la excesiva politiquería, el Estado ha tomado medidas, y en este escenario, la Séptima Disposición se presenta como una herramienta clave para proteger a los ciudadanos y garantizar el abastecimiento de alimentos a precios razonables.
La Inflación, un fenómeno multifacético
El aumento en los precios de alimentos, transporte y productos básicos ha sido notable en los últimos meses. En enero de 2025, la inflación alcanzó un alarmante 1,95%. En febrero, esta cifra fue parcialmente contenida por políticas económicas, logrando un 1,26%, en un contexto marcado por actores políticos e ilegales. En marzo, sumado al aumento de alimentos, transporte, servicios, verduras y almuerzos, la inflación se registró en 1,71%, una cifra menor que la de enero, lo que lleva a un acumulado de 5% en los primeros tres meses. Sin embargo, esta cifra podría haberse triplicado, pero las acciones del Estado han logrado contenerla. Se podría afirmar que la extrema politización de la situación es responsable en un 70% de la inflación en el país. Se prevé que en 2025 la inflación pueda superar los dos dígitos.
La crisis política que atraviesa Bolivia ha acentuado la incertidumbre económica, mientras que la especulación y el agio por parte de algunos intermediarios en la cadena de comercialización de productos alimenticios contribuyen al alza de los precios. Esto ha afectado especialmente a productos de primera necesidad, como la carne, que ya ha subido un 40%, generando gran preocupación en los hogares bolivianos. Sin embargo, parece que este tema no preocupa a la clase política, que sigue centrada únicamente en la lucha por la silla presidencial, mientras el Estado presenta propuestas para contener la inflación.
El contrabando y la especulación y sus dos factores claves
El contrabando, especialmente el «contrabando a la inversa» de alimentos y combustibles, ha sido identificado como uno de los factores fundamentales que agravan la inflación en Bolivia. En 2024, la afectación por contrabando a la inversa, es decir, la salida ilegal de productos nacionales, alcanzó un total de Bs 11.029.879 millones. A lo largo de este año, la cifra ya superó los Bs 10 millones. A continuación, se presentan datos concretos de 2024 para ejemplificar el daño que el contrabando genera al mercado interno y su contribución al alza de la inflación en el país.
De esa cifra, Bs 9.479.170 corresponden a alimentos y Bs 1.550.709 a combustibles. En conjunto, la afectación total por contrabando a la inversa en 2024 fue de Bs 11.029.879 millones.
El contrabando a la inversa implica la salida ilegal de productos nacionales, especialmente alimentos y combustibles, hacia países vecinos debido a los bajos precios de estos productos en el mercado interno. Esta actividad ilegal afecta gravemente el abastecimiento nacional.
Según datos oficiales, se intentaron sacar de Bolivia 133 cabezas de res, con un valor estimado de Bs 1.236 millones; 32.300 kilos de carne de cerdo, por Bs 1.130.500; y 6.000 kilos de carne de pollo, por Bs 90.000. Entre otros productos que intentaron ser sacados de Bolivia se encuentran la papa, harina de trigo, soya, azúcar, arroz, fideos, aceite, maíz, quinua, huevo, yuca, afrecho y frutas, además de frangollo y otros productos varios.
Los operativos de control también incautaron 124.700 litros de gasolina, valorados en Bs 466.378; 317.890 litros de diésel, por Bs 1.062.581; y 87 garrafas de GLP (Gas Licuado de Petróleo), con un valor de Bs 21.750.
A este fenómeno se suma la especulación por parte de algunos actores de la cadena comercial, quienes almacenan productos en condiciones ilegales con el objetivo de provocar escasez y encarecer los precios. Este comportamiento fue especialmente evidente durante la crisis del aceite refinado de soya, cuando se descubrió un acopio ilegal que alteraba la oferta y la demanda del producto en el mercado.
La Séptima Disposición del PGE 2025: Un antídoto contra la crisis alimentaria
En medio de esta tormenta económica, el gobierno boliviano ha implementado la Séptima Disposición, una medida diseñada para garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales y regular los precios. Esta disposición faculta a las autoridades para llevar a cabo acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos que sean objeto de especulación o que estén siendo retenidos ilegalmente.
La disposición obliga a los actores de la cadena productiva de alimentos a declarar información sobre su producción, transformación y comercialización, con el fin de evitar que los productos sean desviados hacia mercados ilegales o sean objeto de prácticas especulativas. De esta manera, se busca regular el flujo de productos básicos, controlar el precio de los alimentos y proteger a la población frente a la inflación descontrolada.
Desafíos y proyecciones futuras
El impacto de la inflación sobre los precios de los alimentos y otros productos básicos ha sido devastador, especialmente en los hogares de clase media y baja. En marzo de 2025, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 1,71% respecto al mes anterior. Los productos con mayores aumentos fueron la carne de pollo, la carne de res, el tomate y el transporte en minibús.
Las autoridades bolivianas están comprometidas en implementar medidas urgentes para controlar esta crisis, desde intensificar la lucha contra el contrabando hasta suspender temporalmente las exportaciones de productos como el aceite refinado de soya, con el fin de garantizar el abastecimiento interno.
Hacia una solución eficaz
La situación inflacionaria en Bolivia es compleja y multifacética, pero la Séptima Disposición se presenta como una herramienta fundamental para proteger a la ciudadanía. A través de medidas de control y fiscalización, se busca reducir la especulación, garantizar el abastecimiento de alimentos y estabilizar los precios en el mercado interno. Sin embargo, la implementación efectiva de esta disposición será clave para enfrentar los desafíos que la inflación y el contrabando imponen a la economía del país.
Mientras tanto, el gobierno boliviano sigue trabajando para superar los efectos de la crisis política y económica, con el objetivo de asegurar que los bolivianos puedan acceder a productos básicos a precios justos, independientemente de las tensiones económicas que persisten. La situación sigue siendo incierta, pero con la aplicación de medidas como la Séptima Disposición, se esperan mejoras sustanciales en el control del mercado alimentario y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos.
