Pese a los conflictos generados por las diferencias ideológicas entre los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que llevaron a que se dictara un cuarto intermedio la semana pasada, se logró llegar a un consenso sobre el reglamento para la elección del Defensor del Pueblo.
Uno de los incisos del reglamento, dirigido a garantizar una elección transparente, es que “organizaciones de la sociedad civil con personalidad jurídica reconocida, cuyo objeto social sea la promoción y/o la defensa de los derechos humanos, tendrán derecho a participar como veedoras en todo el proceso de designación del Defensor”. El proceso también podrá ser seguido por la población en general, pues todo lo acontecido se dará a conocer a través de los medios de comunicación y las redes sociales de la Vicepresidencia, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
Sobre las exigencias de los candidatos, algunas de las más importantes son: no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento por delitos referidos a violencia; tener reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos; no tener en su contra procesos administrativos disciplinarios o penales por discriminación; no haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto; no haber sido servidor público, dirigente o militante hace ocho años atrás, entre otros.
Una vez lanzada la convocatoria, los postulantes deberán presentar, en un plazo de 15 días, toda la documentación requerida, la misma será revisada por la Comisión, quien analizará impugnaciones y llevará a cabo entrevistas, luego de lo cual presentará un informe. En este punto es importante recalcar que la posterior etapa de designación será por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con este primer consenso, se espera que Bolivia pueda tener a su nuevo Defensor del Pueblo hasta el mes de mayo. Al respecto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, expresó:
“Estamos dando las condiciones para que todos los postulantes puedan presentarse en igualdad de condiciones (…). El reglamento ha puesto un estándar altísimo para contar con una o un Defensor de excelencia”.
