El ofrecimiento de “intercambio de prisioneros” realizado por Arturo Murillo hizo que oposición y oficialismo coincidieran al señalar que se trata de una jugada mediática. Analistas aseguran que estas demandas son políticas y su cumplimiento no depende sólo del Gobierno.
La postura del asambleísta por el MAS en Cochabamba Sergio de la Zerda, es que “no se debe tomar en cuenta las disparatadas posturas de un prófugo de la justicia boliviana” que tiene cuentas pendientes con el Estado y está detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos.
El abogado constitucionalista César Cabrera dijo: “Si ingresamos en eso que diariamente el Gobierno señala que la justicia es independiente, imparcial y que no se entrometen, un juez tendría que ser quien decida si (Áñez) se va a defender en libertad”.
“Lo interesante de la carta es que Murillo, delincuente y criminal prófugo de la justicia boliviana, ratifica dos certezas que ahora la derecha no acepta. Primero, que el régimen de facto sabía que tenía cuentas pendientes, por eso huyó antes del cambio de gobierno y, como ahora lo revela, pidió a Áñez que haga lo mismo”, dijo el asambleísta por el MAS en Cochabamba Sergio de la Zerda.
Gustavo Aliaga, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), explicó que esa misiva, en caso de ser verificada como real, es una declaración política que ningún preso puede realizar.
