Ubicado en la localidad de Porongo, en el departamento de Santa Cruz, el proyecto urbanístico Urubó Golf, desde hace algunas semanas fue blanco de una serie de denuncias de sus copropietarios y de extrabajadores del mismo, quienes alegan falta de servicios básicos y otras deficiencias. Por ello, casi un centenar de ellos iniciaron un proceso penal contra Luis Carlos Kinn Franco, principal socio de Urubó Golf, siendo Agustín Zambrana Arze el abogado que eligieron para representarlos.
Sin embargo, algo que inició como un legítimo reclamo de copropietarios se tornó en un caso de extorsión, cuando se filtraron audios de una reunión sostenida entre los demandantes y su abogado, haciendo explícitas las artimañas que este usaría para obtener beneficios económicos de parte de Kinn.
En el audio se escucha al gerente general de la telefónica Tigo, Pablo Guardia, diciendo:
“Esto no va llevar mucho tiempo, porque es un proceso penal y dentro de este grupo de los propietarios hay gerentes generales, grupos económicos, tenemos gente allegada a la Fiscalía, entonces es un proceso que no podemos perder (…) Este tipo de casos a los jueces y a los fiscales les gusta porque hay muchas personas involucradas entonces nosotros ya hemos tenido contacto con el órgano judicial y tenemos altísimas chances de ganar”.
Al mismo tiempo, se da a conocer que los demandantes se negaron a llegar a un acuerdo por un tema de “estrategia”.
Ante estos hechos, Luis Carlos Kinn interpuso una denuncia por extorsión contra Pablo Guardia y Agustín Zambrana quien, según Kinn, le envió un borrador de contrato en el que prácticamente conminaba al empresario a entregar un control casi total del proyecto, con la aprobación de solo 9 copropietarios, los que le firmaron un poder, algo completamente irregular, ya que el Urubó Golf tiene más de 1.000 accionistas actuales y 3.308 potenciales.
