En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, insinuó que los grandes productores y empresarios buscan crear un escenario de escasez y déficit en la producción y abastecimiento de maíz, para forzar al Gobierno nacional a aprobar el uso de transgénicos en el país:
“Lo que no está permitido son los transgénicos; la constitución establece claramente que el uso de transgénicos será regulado mediante ley, esto no se ha dado todavía y tampoco se dará como pide el sector empresarial, ya sea por decreto o cualquier otra medida, ni mucho menos cuando estamos demostrando que no hay escasez de maíz”, explicó.
Los rumores acerca de la escasez de maíz, en este caso impulsados por los empresarios, fueron los que llevaron al gobierno de facto de Jeanine Áñez a firmar el Decreto Supremo 4348 para la identificación de áreas para el uso de semillas transgénicas de maíz, con lo que se daría un nuevo paso en la incursión del uso de semillas genéticamente modificadas, sin consulta previa.
Con otro Decreto, el 4232, también se daba vía libre para que a Bolivia ingresaran semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Este Decreto, en su momento, generó protestas de más de 100 instituciones, entidades, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que se pronunciaron en contra de la norma, al considerar que la misma violaba la Constitución Política del Estado, además de otras leyes bolivianas y acuerdos internacionales.
Ya que el uso de transgénicos se ha puesto en cuestión, el ministro Gonzáles recalcó:
“Hay maíz suficiente para abastecer la demanda interna, el consumo es menor a lo que se produce, solo hay agio, ocultamiento del producto y especulación por los grandes empresarios y productores”.
