Ante la solicitud de 20 años de cárcel que hizo el Gobierno para los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), la alianza política Creemos convocó a cívicos, partidos de oposición y población en general a impedir la vulneración de sus derechos humanos.
A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que la Justicia presentó la acusación formal en contra de los integrantes de la RJC, misma que fue notificada a las partes y se espera que el lunes 6 de junio inicie el juicio oral, donde solicitarán la pena máxima de 20 años de cárcel. Ante esto, Camacho emitió un pronunciamiento en el que califica la medida como persecución política.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), grupos como la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) son organizaciones irregulares y de lógica parapolicial, quienes tomaron el control de espacios territoriales por encima de la autoridad del Estado durante los hechos que derivaron en el golpe de Estado de 2019.
El exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao destacó la medida anunciada por el Gobierno contra la RJC y aseguró que se trata de un “grupo armado paramilitar, grupo criminal corresponsable por las masacres y violencia generalizada del golpe de 2019. Excelente ejemplo del Gobierno de Bolivia que da cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y del GIEI para desmantelarlo”, indicó.
Luis Fernando Camacho y su partido Creemos cerraron filas en torno a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), generando críticas del vocero presidencial, Jorge Richter, quien aseguró que es habitual en el gobernador cruceño salir en defensa de ese tipo de organizaciones paramilitares e irregulares..
