La marcha realizada ayer por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y otros sectores opositores en la ciudad de Santa Cruz, se realizó con poca convocatoria y en medio de críticas por el carácter político de la misma.
Los cuestionamientos hacia la marcha, llamada “Bolivia no se convierta en un narco Estado” nacen porque la misma fue organizada por las élites cruceñas, aquellas que se movilizaron para abrogar la Ley N° 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo”, ley que tenía la finalidad de regular posibles ganancias provenientes del narcotráfico.
Históricamente, los vínculos con el narcotráfico se relacionan con élites cruceñas que fueron cabeza de partidos que se turnaron para estar en el poder, como el MNR y ADN. Así pueden enumerarse casos como el llamado “narcoestado” de la época de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, el asesinato de Noel Kempff Mercado, durante el gobierno del MNR o, en 1994, los “narcovínculos” de Jaime Paz Zamora y Samuel Doria Medina, cuando ambos militaban en el MIR, también el caso del “narcoavión de Barbas Chocas” durante el gobierno del MNR y el caso de Luis Marino Diodato en el gobierno de ADN, entre muchos más.
Estas razones movieron al diputado Hernán Hinojosa (MAS) a criticar la marcha que se considera política y elitista:
“¿Por qué no hacen una marcha para exigir al gobernador de Santa Cruz que haga gestión y obras?, ¿por qué no hacen una marcha para que se apruebe la ley 1386 que en su momento fue abrogada? Esa ley iba directamente a (atacar) las ganancias ilícitas. Que los cívicos se dejen de hacer payasadas”, espetó Hinojosa.
