Disfrazada de tintes ambientalistas, la marcha convocada por el movimiento cívico de Tarija obligó a participar a personal del Concejo Municipal, la Alcaldía de Tarija, la Gobernación, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), entre otros. Quienes, ante la vista de los transeúntes, firmaban sus respectivos libros de asistencia.
El carácter político de la marcha también se dejó ver porque en sus filas se encontraba gente de la opositora CONADE. Por otro lado, la misma entró en contradicciones pues, luego de pedir informes del proyecto a YPFB, no esperaron los resultados para convocar a la marcha, hecho que fue confirmado por el mismo presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila.
Marcelo Poma, delegado departamental por Tarija, explicó que se realizaron más de una treintena de eventos para socializar el proyecto y que, durante ellos, no se generaron grandes cuestionamientos. Por su parte, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, aseguró que desde la gerencia social ambiental corporativa de YPFB se hizo un relevamiento de todos los pasivos ambientales y se hizo una campaña de remediación de operaciones petroleras con el fin de proteger la reserva durante la exploración.
