Un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) estableció un presunto daño económico de más de Bs 25 millones en la construcción de los Puentes Trillizos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).
“El informe preliminar de la Contraloría establece un daño económico a las arcas municipales de más de 25 millones de bolivianos, más de tres millones de dólares, por el incremento sin justificación, sin fundamento a la adenda segunda del contrato de los Puentes Trillizos”, informó la concejal del MAS, Roxana Pérez del Castillo, en entrevista con radio Panamericana.
De acuerdo con el informe preliminar de Auditoría Especial sobre la suscripción de documentos modificatorios del contrato principal para la construcción de los Puentes Trillizos, la CGE ha ratificado pagos en exceso por Bs 25.255.997 que constituyen un presunto daño económico por una mala decisión ejecutiva de cambiar la nominación de la moneda de dólares americanos a Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs) durante la ejecución del contrato.
Recordó que ni el exalcalde Luis Revilla, considerado aliado del también exalcalde Juan del Granado, quiso emitir el acta de recepción definitiva -cuando era presidente del Consejo Municipal- por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación.
Esta auditoría demandó alrededor de 13 años de investigación, su informe preliminar fue concluido en diciembre de 2021, fue remitido el 26 de abril de 2022 al entonces presidente del Consejo Municipal, Jorge Dulón, y el pasado 2 de agosto recién fue puesto en conocimiento del pleno del Concejo edil.
Del Castillo explicó que el daño económico a las arcas del municipio se dio por un cambio de moneda, incrementando sin justificación el precio de la construcción de los Puentes Trillizos.
Según Pérez del Castillo, el Consejo estará siguiendo el “proceso de aclaración” en el que las personas investigadas presentarán sus descargos en la Contraloría.
Advirtió que estarán en “alerta” para poder apersonarse al proceso en caso que se inicien nuevas investigaciones tras la emisión del informe final de la CGE.
“Podría haber una voluntad de dilación, no debemos olvidar que el señor Luis Revilla es aliado del actual alcalde (Iván Arias) y hay una proyección de no buscar una transparentación de los procesos”, advirtió la concejal.
Recalcó que “no es coincidencia” que Arias, a través de sus concejales, haya dejado sin efecto la ley de auditorías y fiscalización, mediante la que los concejales pretendían emitir solicitudes de auditorías para poder investigar la gestión de Juan del Granado, Luis Revilla y también fiscalizar la asignación de recursos de la actual gestión.
