Un comunicado del Gobierno, indica que el Ministerio Público inició una investigación de oficio contra varias personas por delitos comunes que se dieron con la quema del mercado de la coca, violencia contra personas y negación de auxilio a enfermos y heridos. Las detenciones de personas como Freddy Machicado, Raúl Uría, Cesar Apaza y Johnny Diaz se están dando en el marco de este proceso, en el entendido de que estos delitos no pueden quedar impunes.
Toda justicia se enmarca en las leyes vigentes en el país, bajo el principio universal de “mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás”. Por eso no puede quedar impune el hecho de que dirigentes afines a Machicado incendiaran un mercado, ocasionaran heridos, causaran zozobra entre los vecinos de Villa Fátima, impidieran que los estudiantes pasen clases, bloquearan las calles, utilizaran explosivos y causaran otros desmanes que atentaron contra el derecho de los demás y contra las leyes.
El derecho a la protesta se garantiza siempre y cuando se ejerza de forma pacífica y sin violentar las leyes. La Constitución Política del Estado (CPE), artículo 53, que garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, se debe dar en el marco de la ley.
