El gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán en las declaraciones que vertió en un medio de comunicación, garantizó la seguridad y fiabilidad del manejo de los aportes de los bolivianos y determinó dos grandes ventajas de que la entidad pase a manejar los fondos de la jubilación: “en primer lugar, recuperamos la soberanía en la administración de nuestras pensiones, por lo que los recursos de los bolivianos son manejados por los propios bolivianos; y en segundo lugar, las rentas de los jubilados tendrán un incremento de al menos 2 %”, aseguró.
Diferentes políticos de la oposición y analistas afines a la derecha expresaron su preocupación, señalando que ahora que el Estado empieza a asumir la administración de los fondos de pensiones, estos corren riesgo porque podrían pasar al Tesoro General del Estado (TGE). Al respecto, Durán indicó que la Ley 065 que crea y rige la gestora, establece “cinco candados” que blindan la transparencia en el manejo de los recursos. “La población debe sentirse segura en relación a sus aportes. Es como si estuvieran en una caja fuerte”, señaló.
La autoridad detalló los cinco aspectos de seguridad: 1) la ley establece que los aportes se constituyen en patrimonios autónomos que solo se pueden invertir en títulos de valores; 2) se prevé una estricta supervisión y fiscalización de la Autoridad de Pensiones y Seguros que revisa diariamente todos los movimientos de la gestora; 3) la entidad está abierta al control social, pues la Ley 341 la compromete a realizar rendición de cuentas de manera periódica; 4) los asegurados y afiliados tienen una cuenta personal previsional que tiene registros mensuales de los rendimientos que genera y 5) la ley obliga a que los estados financieros sean auditados por empresas externas independientes.
Durán aseguró que las normas son “estrictas” y no dan lugar a “riesgos” en los fondos de pensiones, recordó que la creación e implementación de la Gestora Pública, que deberá estar en pleno control del sistema de pensiones a partir de mayo de 2023, se enmarca en el artículo 45 de la CPE que dispone que estas instancias no pueden ser privatizadas ni concesionadas y que deben estar bajo administración y control plenos del Estado.
