A través de sus representantes, la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó las determinaciones del cabildo en Santa Cruz, sobre todo, rechazaron el ultimátum de 72 horas de los cívicos cruceños para que otros departamentos se unan a sus demandas. Asimismo, se refirieron al pedido de una ley para el censo 2024 y el pedido de liberación de los detenidos en los disturbios.
Sobre este último punto, uno de los representantes de la COB opinó que liberarlos sería dejar que los hechos queden en la impunidad, e hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio Público, a la Fiscalía General de Estado, al Ministerio de Justicia, y al Ministerio de Gobierno para que de manera inmediata se conforme una comisión de fiscales para que hagan una amplia investigación y se dé con los autores intelectuales y materiales que destruyeron su sede sindical, y la sede sindical de los trabajadores campesinos.
Acerca de las declaraciones separatistas de Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, expresó:
“Se creen dueños de Santa Cruz, con acciones racistas, discriminadoras y violencia extrema ejercida con la gente más humilde que lo único que demanda es trabajo y libre circulación”, señaló.
