Rodrigo Paz Pereira, y el exgobernador, Adrián Oliva, cuentan con una denuncia formal en la fiscalía tarijeña por el presunto delito de incumplimiento de deberes en el fracasado proyecto “Ciudad Inteligente”, el mismo que está envuelto en una serie de irregularidades.
Una de estas irregularidades es que el proyecto continúa con temas pendientes como el pago de un saldo adeudado a la empresa Datec Ltda. por más de 5 millones de bolivianos para poder cerrar el proyecto y entregar su administración a la Policía Boliviana. El convenio mediante el cual se llevaba a cabo el mismo, se comprometía a financiar el 50% de la obra, cuya adjudicación fue realizada a la empresa Datec Ltda. por un monto inicial de Bs 86 millones, según el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017. Sin embargo, no se cumplió con este porcentaje, por lo que el proyecto se desmoronó.
De las 150 cámaras que comprenden el proyecto, muchas no se encuentran en funcionamiento y varias presentan problemas. Ante ello, Paz Pereira decidió seguir adelante y sacrificar el presupuesto correspondiente a las áreas de salud y educación, algo que fue ampliamente criticado.
Ante todos estos hechos, sobre todo por la denuncia en la fiscalía, es que ambos imputados se declararon “perseguidos políticos” y atribuyeron las investigaciones en su contra a represalias por sus cuestionamientos al gobierno.
