Las acusaciones contra Camacho, Calvo, Cuéllar y otros líderes del Comité Interinstitucional, tienen evidencias y pruebas que fueron presentadas por los denunciantes y que estos señalaron que son de conocimiento público.
El proceso es por incitación pública a delinquir, organización criminal y atentado contra bienes públicos, entre otros. A pesar de que estos delitos son de conocimiento público, los sindicados tratan de enarbolar el discurso de “persecución política”.
En los 36 días de paro en Santa Cruz hubo cuatro muertes, docenas de heridos, una violación grupal, la toma y quema de una sede campesina y de la COB, e innumerables casos de amedrentamiento, hostigamiento, extorsión y persecución a cargo de los brazos operativos del gobernador y los dirigentes cívicos.
Durante el paro cívico, ciudadanos denunciaron que sus derechos básicos al trabajo, la libertad de acción y circulación, la educación y la atención médica fueron vulnerados; además de las incalculables pérdidas económicas en diferentes niveles.
