Ayer se dio a conocer la condena del exministro, Arturo Murillo, quien fue sentenciado a 70 meses de cárcel por el delito de lavado de dinero y soborno internacional por la compra irregular de gases lacrimógenos en el contexto del golpe de estado de 2019. El gobierno boliviano continuará los trámites de extradición con el fin de que también pague por los hechos luctuosos de Sacaba y Senkata, donde 38 personas perdieron la vida.
Murillo se encuentra actualmente en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, donde meses atrás se declaró culpable de haber recibido un soborno de $us 532.000 por la compra de gases lacrimógenos para los ministerios de Gobierno y de Defensa en 2019. Según la investigación, también estuvieron implicados en los hechos su entonces jefe de Gabinete, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal y los empresarios Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, todos ellos se declararon culpables el 28 de septiembre de 2021. Méndez y Luis Berkman fueron condenados a 42 y 38 meses de prisión respectivamente, mientras que Bryan Berkman y Lichtenfeld recibieron 28 y 26 meses de cárcel, respectivamente. Los cuatro fueron sentenciados el 9 de junio de 2022.
En cuanto a la compra en sí, el Ministerio de Defensa desembolsó $us 5.649.000 por la compra de gases lacrimógenos y otros a la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LCL que tiene su sede en los EEUU. Esta compañía, a su vez, canceló a la empresa brasileña Cóndor S.A. $us 3.375.000, por lo que se evidenció un sobreprecio de $us 2.291.000 que, presuntamente, se repartieron entre los funcionarios del Ministerio de Gobierno y Defensa, encabezados por Murillo y López.
