Alexandra Noelia Velásquez Chávez – Abogada
Nuestro país se enfrentó a un suceso alarmante: un intento de golpe de Estado que amenazó con desestabilizar nuestra frágil democracia. Este evento ha puesto al descubierto profundas tensiones políticas y sociales que no podemos ignorar.
Los oficiales militares que lideraron el golpe señalaron la corrupción, la falta de transparencia y la mala gestión económica como las razones de su acción. No se puede negar que estas preocupaciones son compartidas por muchos ciudadanos, problemas persistentes que han erosionado la confianza en nuestras instituciones, ocasionando la vulneración de la democracia y el miedo generado en la población. Mientras una parte se movilizó para defender la democracia, otros corrían a los mercados y cajeros automáticos preocupados por lo que podría pasar en el país.
Además, antes de ingresar al palacio, Zuñiga declaró: “Un pedido que hemos recibido y lo vamos a cumplir es la inmediata liberación de todos los presos políticos. No puede ser que personal subalterno esté preso por haber acatado una orden. Vamos a liberar a todos los presos políticos, absolutamente, desde Camacho, desde Añez, los generales, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes que se encuentran presos.” Llama la atención que este es el mismo método que utilizó Luis Fernando Camacho en 2019, donde aseguraba que fue su padre, el empresario José Luis Camacho Parada, quien habló con jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía para que no salieran a reprimir las protestas contra el expresidente Evo Morales y de este modo darle el tiempo necesario para ir a La Paz a presionar por la salida del exmandatario. Esto plantea la pregunta: ¿son estos actos justificables en nombre de la democracia?
La respuesta del gobierno para sofocar el golpe y mantener la estabilidad nos hace preguntarnos si la condena y las promesas de castigar a los responsables son suficientes. El presidente, en su discurso, hizo un llamado a la unidad y prometió reformas. Estas palabras deben traducirse en acciones concretas si realmente queremos avanzar.
La reacción de la sociedad civil ha sido variada. Mientras algunos apoyan al gobierno y rechazan cualquier forma de cambio no democrático, otros sienten simpatía por las motivaciones del golpe, aunque no necesariamente por sus métodos. Esta división es preocupante y refleja una falta de consenso sobre el rumbo que debe tomar nuestro país.
Este intento de golpe de Estado debe servir como una llamada de atención para nuestros líderes. No podemos seguir ignorando las demandas legítimas de transparencia y buena gobernanza. Es imperativo que el gobierno tome medidas serias para combatir la corrupción y mejorar la economía. La confianza del pueblo debe ser recuperada y, sobre todo, debemos mantener la gobernabilidad en el país.
El intento de golpe de Estado del pasado 26 de junio es un claro recordatorio de las tensiones subyacentes que enfrentamos como nación. La capacidad de nuestro país para superar esta crisis dependerá de la voluntad de nuestros líderes para escuchar y actuar en función de las necesidades del pueblo. Es el momento de unirnos y trabajar juntos para construir un futuro más estable y próspero.
Este evento nos brinda la oportunidad de reflexionar y hacer cambios significativos. Es crucial que no dejemos pasar esta oportunidad y tomemos las medidas necesarias para asegurar un camino democrático y transparente para nuestra nación.
