La crisis energética y climática a nivel mundial, sumada a los efectos negativos del conflicto entre Ucrania y Rusia, impactó en la economía global, encareciendo el costo de vida y afectando la producción de alimentos. En nuestro país, la subvención de combustibles se sostuvo por más de 20 años, permitiendo estabilizar los precios, a diferencia de otros países donde el costo del diésel y la gasolina está ligado al mercado internacional. Sin embargo, la disminución de la producción de petróleo y gas desde 2014 generó una creciente dependencia de la importación de combustibles, cuyos costos se han duplicado en los últimos cinco años, alcanzando los 3.300 millones de dólares en 2024.
A esto se suma un contexto político complejo, donde el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) limitó el acceso a recursos por más de 1.600 millones de dólares. Esta situación llevó al gobierno del presidente Luis Arce a sostener la subvención por 26 meses consecutivos, enfrentando dificultades en el abastecimiento de combustible.
Los datos internacionales muestran que la gasolina en Bolivia, gracias a la subvención, tiene el segundo precio más bajo, con 3,74 Bs. por litro.
Las Medidas asumidas por el Gobierno
Ante este desafío, el Gobierno implementó una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo. En el plano estructural, se destaca el descubrimiento del megacampo gasífero Mayaya, catalogado entre los diez hallazgos más importantes del mundo según S&P Global Ratings. Este proyecto promete generar mayores ingresos a partir de 2026. Además, se impulsó la industrialización con la construcción de dos plantas de biodiésel y HVO, se dio un giro hacia el cambio de la matriz energética por una renovable y se propuso una ley de incentivos hidrocarburíferos, actualmente estancada en la ALP.
Como medidas a corto plazo, el Gobierno reforzó el control en las fronteras y estaciones de servicio mediante efectivos militares y sistemas de verificación. Además, liberó la importación y comercialización de combustibles para el sector privado, habilitando a 44 empresas. Otras acciones incluyen la diversificación del tipo de combustible y la eliminación de aranceles para vehículos eléctricos y Flex Fuel.
En medio de este panorama, la oposición sostiene una guerra híbrida económica, política y mediática. El bloqueo en la ALP, las movilizaciones y los paros cívicos responden a una estrategia de desestabilización que busca acortar el mandato del presidente Arce. Sin embargo, no plantea ninguna propuesta alternativa. Dos serían los objeticos de esta “guerra”: Desmantelar el modelo económico que redistribuye los excedentes para los sectores más vulnerables y desgastar la gestión gubernamental hasta forzar un escenario de crisis económica y social.
Pese a todo ello, la crisis global y las dificultades políticas internas, el Gobierno tomó medidas para mitigar los efectos negativos en la economía y sentar bases para una recuperación sostenible. Mientras tanto, las tensiones políticas continúan en ascenso, con una oposición que, según el oficialismo, critica sin presentar alternativas claras. El desenlace de este conflicto determinará el futuro económico y político del país en los próximos años.
