El relator especial de Naciones Unidas para la libertad de jueces y abogados, Diego García-Sayán, en una conferencia llevada a cabo ayer en instalaciones del Hotel Presidente, tocó algunos puntos relevantes como resultado de su visita a nuestro país.
Luego de haber reunido información y realizado más de 30 entrevistas, hizo varias declaraciones, ente ellas que “la independencia del sistema judicial debe ser garantizado por el Estado”. Más adelante expresó: “La justicia está lejos de la gente”, idea que caló profundamente en la opinión pública, lo cual se vio reflejado en los titulares de la prensa en día de hoy.
Entre los aspectos más relevantes del informe están los testimonios de personas extorsionadas por jueces, fiscales, y autoridades penitenciarias. Estos testimonios serían una muestra de la corrupción en el sistema judicial y de la desconfianza de la población hacia ella.
También hizo referencia a la situación de las mujeres, y lamentó la gran cantidad de feminicidios acaecidos en Bolivia, en este sentido, se mostró de acuerdo con la propuesta de la Defensora del Pueblo, sobre crear 31 juzgados dedicados a tratar el tema de la violencia hacia la mujer. Más adelante, reprochó que el 80% de los delitos sexuales contra las mujeres no haya tenido proceso judicial alguno.
Dos casos particulares fueron mencionados en el informe, el del asesino y feminicida, Richard Choque, y el de Felipe Froilán Molina (el Killer), involucrado en el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ambos liberados por jueces corruptos.
Por otro lado, mostró su preocupación por la situación de las cárceles, llenas más allá de su capacidad, lo que resulta en una tasa de hacinamiento de 349,8%.
Sobre las denuncias de persecución política, García-Sayán fue claro:
“Se ha hablado de persecuciones políticas, yo no he tenido entrevistas con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política; si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no puedo responder con conocimiento de causa en sentido afirmativo a la pregunta [de si existe persecución política]”.
Descartada la persecución política, el relator se refirió a los hechos de 2019, donde dijo que se constataron graves violaciones a los derechos humanos, también refirió haberse reunido con las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, y de la zona Sur (Pedregal). “Escuché testimonios muy conmovedores. Lamento profundamente que estas víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia sin conseguirla”.
García-Sayán finalizó su informe apoyando la reforma judicial que se ha venido exigiendo por varios sectores de la sociedad boliviana.
