Ante la necesidad de crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia acaecidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el mismo que presentó hoy su informe final, luego de ocho meses de intenso trabajo.
El informe confirmó la existencia de ejecuciones sumarias en el tiempo referido, esto en base a los informes forenses y otros indicios:
“[…] las fuerzas de seguridad han promovido intensa represión en calles, casas y comercios, no solo con la detención de manifestantes, sino también con el uso de fuerza letal contra la población. Como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias.”
Adicionalmente, las Fuerzas Armadas, pese a que declararon no contar con munición letal en el conflicto, sí cargaban munición que debería ser usada en el caso de riesgo vital, por lo tanto, llevaban consigo más que balas de goma. El grupo identificó también muchas fallas en la investigación, y una demora considerable en la obtención de pruebas, lo que ocasionó la pérdida de muchas de ellas, como las grabaciones de cámaras de seguridad, por ejemplo. Del mismo modo, el IGEI no pudo acceder a estudios de balística y otra información que, en su momento, no fue debidamente proporcionada por la policía y las Fuerzas Armadas.
Todo esto resultó en la conclusión de que “El uso de violencia letal por las fuerzas de seguridad fue excesivo e injustificable”.
