A inicios de abril la diputada de Creemos, María René Álvarez, solicitó un informe al ministro de gobierno, Eduardo Del Castillo, acerca de la presencia de narcolaboratorios que, supuestamente, funcionan dentro de áreas protegidas, específicamente en el parque Noel Kempff Mercado de la provincia Velasco en la Chiquitanía.
Esta aseveración de Álvarez nunca fue sustentada con pruebas, por lo que Del Castillo envió una solicitud de “denuncia formal” con el fin de investigar la acusación de la diputada. Sin embargo, en una conferencia de prensa brindada esta mañana, ella se negó a proveer cualquier información al respecto aduciendo que esa actividad no le compete:
“Está exponiendo mi integridad, mi vida y mi familia, dejándolo a merced de los delincuentes que su persona debería atrapar. Sus competencias están para realizar este trabajo, no son las mías”.
Álvarez denunció también sentirse amenazada por el gobierno, pero, y aquí es inevitable la pregunta, ¿si quiere que se eliminen los supuestos narcolaboratorios, por qué no trabajar conjuntamente con el gobierno para luchar contra ellos? ¿por qué llamar la atención sobre sí misma desviando la atención de los medios y victimizandose sin razón alguna, solo porque se le pidió más información sobre las denuncias que ella misma hizo? A todas luces, la conferencia de hoy tuvo la intencionalidad de desprestigiar el trabajo del ministro de gobierno y acusar amenazas que nunca existieron.
Según el Código Penal boliviano, el hacer denuncias falsas es un delito grave que implica privación de libertad, por lo que toda denuncia debe tener un asidero. Del mismo modo, el negarse a dar la información puede calificarse como encubrimiento : “El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años”. Y este Código es aplicable para todos los bolivianos.
