La noche del jueves, 2 de junio, por mayoría absoluta, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley 221/2021-2022 que autoriza el resarcimiento económico a 1.714 víctimas de violencia política durante los gobiernos inconstitucionales en el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
Durante la década de 1960 a 1980, sucedieron una seguidilla de golpes de Estado, que provocaron graves violaciones de derechos desde detenciones ilegales, hasta torturas, desapariciones y asesinatos. Las víctimas de las dictaduras militares en Bolivia mantienen una vigilia permanente en el centro de la ciudad de La Paz desde 2012 demandando al Estado el pago del resarcimiento.
“Hemos considerado que hay gente que por más de diez años está solicitando el resarcimiento de los daños y no se hacía efectivo”, sostuvo la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Betty Yañíquez.
Para efectivizar este resarcimiento, la normativa prevé la modificación del inciso b) del artículo 16 de la Ley N° 2640, para autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la asignación de un total de Bs. 99,9 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) para el pago excepcional del 80 por ciento restante a los beneficiarios.
En la única disposición transitoria del proyecto de ley, establece que el monto correspondiente al 20 por ciento restante, que no hayan cobrado aún las víctimas de la época dictatorial, tendrán un plazo de un año para hacerlo, a partir de la promulgación de la presente norma. Pasado este tiempo, los recursos que no sean reclamados serán destinados a una cuenta fiscal para futuras reparaciones a víctimas de graves violaciones a sus derechos.
