La oferta de Jair Bolsonaro de dar asilo político a Jeanine Áñez reafirma el apoyo que Brasil brindó al gobierno de facto, entre otros, por los beneficios que obtuvo Petrobras durante su mandato.
Una de las razones de este apoyo fue un contrato perjudicial que firmó el gobierno de facto con Petrobras de Brasil. Este contrato, llamado octava adenda, establece precios muy bajos por la exportación de gas boliviano, además de que transfiere el cargo del envío a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), costo que, anteriormente, correspondía a Petrobras.
Adicionalmente, el entonces Ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, firmó un contrato en el que se establecía un volumen mínimo de entrega de 14 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) y un máximo de 20 MMm3d. Además, de que obligaba a que el energético se entregara a Petrobras en Puerto Suárez, frontera con Brasil, y ya no en Río Grande.
Todos estos cambios, hechos apenas se inició un gobierno que debía ser solo de transición, muestran que primaron los intereses económicos personales de los involucrados, y explican el por qué el gobierno brasilero fue el primero en reconocer a Jeanine Áñez como presidenta.
La firma de esta adenda y los demás contratos le costaron al país una pérdida mensual de 5,3 millones de dólares.
