Según el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Tito Castellanos, el motín en la cárcel de Tuluá inició con una pelea entre reclusos cerca a la una de la mañana en el pabellón 8 de la cárcel, el mismo que cuenta con 180 presos. En medio de la gresca, otros presos aprovecharon para comenzar una protesta quemando colchones, lo que derivó en un gran incendio.
Datos preliminares indican que muchos de los internos murieron por inhalación de humo producto de estos actos.
“Hubo una llamada casi a la 1:20 de la mañana por un posible amotinamiento. (…) Se verifica que hubo una quema de muchos colchones, y hasta el momento son cerca de 50 las personas trasladadas a centros asistenciales”, informó Castellanos.
A través de su cuenta de Twitter, el recientemente electo presidente Gustavo Petro, se manifestó al respecto: “el estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación. Lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La Modelo obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria”. En lo que parecería ser el inicio de una reflexión sobre el enfoque en la administración de prisiones en Colombia.