En la madrugada del 16 de abril de 2009, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió armado en dos habitaciones. Como consecuencia de ese operativo, Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer resultaron muertos y Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
Según informó el gobierno de ese entonces, los extranjeros caídos y arrestados en el operativo tenían la intención de asesinar al presidente Evo Morales y al vicepresidente, Álvaro García Linera. La absoluta reserva con la que se manejó el hecho, sumada a los cuestionamientos de los médicos forenses, llevaron a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinara que hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno e instó a que, para evitar un juicio internacional, los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano. Esto implicaría enjuiciar al entonces presidente Evo Morales Ayma.
El informe de la CIDH está en la antesala de la Corte Internacional de Derechos Humanos, sin embargo, para evitar un juicio ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, el país debe obedecer cuatro recomendaciones: Reparar las violaciones y tomar medidas de compensación económica y satisfacción, disponer las medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, y una investigación diligente para sancionar y tomar las medidas para que en el futuro se produzcan hechos similares. Esto porque el Gobierno habría dado la orden de proceder en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal.
