El gobernador potosino, Jhonny Mamani, se encuentra con detención domiciliaria por el caso de la compra irregular de 41 ambulancias por un valor de 20,5 millones de bolivianos. Un informe presentado por la Procuraduría General del Estado estableció que “existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)”, por ello se imputó a Mamani por el delito de contratos lesivos al estado.
La imputación en contra del gobernador se dio por conminatoria del juez Omar Cardozo, quien dio un plazo para que el Ministerio Público defina la situación procesal de los demás implicados en este caso.
Las medidas cautelares a las que estará sujeta la autoridad departamental, que tiene derecho al trabajo, establecen que solo puede salir de su casa de 08.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 para desempeñar sus actividades laborales. También debe presentarse ante la Fiscalía todos los lunes y contar con una fianza de 100000 bolivianos por si alguna vez no se presentara. Adicionalmente, tiene un arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros implicados en el caso.
Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró: “Quiero dejar establecido que en este Gobierno no se tiene tolerancia con la corrupción y caiga quien caiga en este ilícito deberá ser sancionado como la norma establece”.
