El concejal Rolando Pacheco presentó este miércoles al Tribunal de Garantías Constitucionales la Acción de Popular en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y del rector y presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, por instar al paro de vulnerando los derechos colectivos de la mayoría de la población cruceña.
“Los cruceños queremos censo, pero no queremos paro, por ende, estamos presentando la Acción Popular que nos franquea la ley y está en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho a la protesta es constitucional, pero estamos en contra de que nos bloquen, queremos que nuestros hijos vayan a la escuela, que permitan a los ancianos o personas enfermas ir al hospital, tenemos derecho al trabajo y nadie los puede vulnerar”, explicó el concejal luego de presentar el memorial en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.
La Acción Popular es un proceso constitucional de naturaleza tutelar que garantiza y protege los derechos e intereses transindividuales, entre los que se encuentran los derechos colectivos. Si es procedente y se da curso su acatamiento es ipso facto, inmediato.
Se interpone por persona individual o colectiva afectada, o por otra con poder suficiente, ante un juez o tribunal competente. La autoridad judicial examinará los antecedentes y, si encuentra cierta y efectiva la demanda, declarará procedente la acción y ordenará el cumplimiento inmediato del deber omitido, según determina el artículo 135 de la Constitución Política del Estado.
Pacheco explicó que, a través de la Acción Popular, se solicita a la justicia que esas autoridades depongan actitudes que van en contra de la economía cruceña y el progreso de ese departamento.
Pacheco argumentó que, en su condición de autoridad electa, y en resguardo de los intereses de la población, entre ellos gremiales, transportistas, campesinos y otros, busca proteger los derechos de sectores que forman parte del sector productivo.
“Lamentablemente, grupos de poder, logias quieren vulnerar el libre tránsito y el derecho al trabajo. Estamos pidiendo que el Tribunal de Garantías nos dé la tutela para que instruya a estas personas a que depongan estas actitudes, la única forma que hemos visto para frenar el paro es metiendo preso a estas personas ya que se los ha convocado al diálogo en La Paz y en Santa Cruz y no acuden, ellos no quieren diálogo su finalidad es clara, desestabilización del Gobierno”, enfatizó.
