A 33 días de paro indefinido, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aceptó el censo en marzo de 2024 y convocó a los legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) a no seguir insistiendo en el censo 2023, aunque mantiene la extrema medida de presión.
En una conferencia de prensa junto al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y cívicos, excepto Rómulo Calvo, Camacho reconoció que no es posible seguir insistiendo en el censo 2023, aunque ya en el cabildo del 13 de noviembre hizo aceptar que se eleve a rango de ley el decreto 4824 que fija el censo para el 23 de marzo de 2024.
A pesar del retroceso en su postura de censo 2023 si o si y la advertencia de muerte civil a quienes vayan en contra de la línea de demanda, la noche de este miércoles matizó: “No hemos perdido, saquense eso de la cabeza, hemos ganado, hemos cambiado el escenario político del país”.
Cuéllar explicó que ya no era técnicamente posible mantener la demanda de 2023, pese a que en la reunión técnica de Trinidad, abandonada por la representación de la Gobernación y de la UAGRM, ya se había establecido que no era posible el censo en 2023.
El presidente de Diputados, Jerges Mercado, convocó a sesión para la tarde de este jueves con el tema de la ley del censo en la agenda. La Comisión de Constitución debe enviar un informe sobre la ley, pero está en cuarto intermedio ante la violencia ejercida la mañana de este miércoles por parte de las y los legisladores de oposición.
De no aprobarse la ley que buscan, ahora con censo en 2024, el tema quedaría archivado para la próxima legislatura, de acuerdo a procedimiento. Mientras tanto mantiene el paro indefinido, que en los últimos días estuvo caracterizado por el recrudecimiento de la violencia y saqueos a negocios de personas opuestas al paro.
A fin de no quedarse con las manos vacías, Camacho anunció que el lunes será posicionada la “comisión de notables” para que concluya cuanto antes las líneas políticas, económicas y sociales de la relación que deberá sostener Santa Cruz en una nueva relación con el Estado Plurinacional.
