Probablemente incrementados por el paro indefinido en el departamento de Santa Cruz, los casos de discriminación subieron a niveles alarmantes en el país, esto pese a la existencia de la ley 045, que ya lleva doce años de haber sido promulgada.
La ley 045 “tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
En este contexto, la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana, informó hoy que, en Bolivia, desde 2010, solo tres casos de denuncias de racismo y discriminación concluyeron en una sentencia.
“Son doce años de vida de la Ley 045 y tenemos tres sentencias, cuando vemos cada día en los medios, en las calles, la discriminación, se sufre discriminación”, dijo Orellana.
La ministra destacó que el Estado trabaja para superar los actos de racismo y discriminación, pero que esa es “una tarea de todos los bolivianos”.
De acuerdo con datos oficiales, en la gestión 2021 se registraron 93 casos admitidos de discriminación y racismo, mientras que, en lo que va de 2022, se tienen 77 denuncias. Estas cifras fueron dadas a conocer en vistas a la Cumbre Nacional Contra el Racismo y Discriminación que se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre en la ciudad de La Paz.