Ya son varias las veces que el llamado “México Chico”, un territorio sin ley que abarca zonas rurales de Llallagua, Uncía, Chayanta, Pocoata y Challapata, toma la vida de agentes policiales.
La primera vez fue en 2010, cuando habitantes de México Chico lincharon cruelmente a 4 agentes policiales pertenecientes a la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de la ciudad de Oruro. Luego de asesinarlos, enterraron los cuerpos en tres comunidades distintas para evitar un rastrillaje.
El coronel de la Policía de ese entonces, Orlando Ávila, denunció que no se podía ingresar a la zona porque había francotiradores apostados a lo largo del camino, algo que guarda mucha similitud con lo que sucedió este 2025 en las actividades de desbloqueo en Llallagua.
En cuanto al uso de armas de fuego por los Qaqachacas en defensa de Evo Morales, esto se vio más de una vez, por ejemplo en 2019, cuando mineros cooperativistas potosinos hacían su paso por la localidad de Huancané en Oruro, y fueron emboscados por comunarios Qaqachacas que los atacaron con armas de fuego de largo alcance, dejando el saldo de seis heridos y dos fallecidos.
Pero, ¿cómo llegó a desarrollarse esta actividad en el sector de México Chico? La explicación se remonta a los años 80 cuando, huyendo de una histórica sequía, muchos de los habitantes de la región se trasladaron al Chapare buscando mejores días. Allí fueron captados por el narcotráfico, primero como pisacocas, posición desde la cual aprendieron los pormenores del “oficio”. De regreso a sus comunidades, llevaron todos estos conocimientos consigo.
El auge del negocio del narcotráfico en esos años fue acompañado por gobiernos neoliberales que, entre 1985 y 2005, estuvieron muy implicados en ese floreciente “oficio”. Durante el mandato de Víctor Paz Estenssoro (1985–1989) se descubrió la megaplanta de Huanchaca. Bajo el de Jaime Paz Zamora (1989–1993), altos funcionarios fueron encarcelados por vínculos con el narcotráfico. En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993–1997), estalló el caso de “Barbas Chocas”. Más adelante, durante el periodo de Evo Morales (2005–2019), varios jefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, nombrados por él, fueron acusados de liderar redes internacionales de droga, siendo conocidos como “narcopolicías”.
De nuevo en las comunidades y México Chico, surgió lo que algunos llaman “narco comunario”, que opera en la región comerciando con “autos chutos” cambiándolos por cocaína y trasladando el producto, sobre todo, hacia Chile.
A esta comunidad sin ley es que ingresaron en 2010 los 4 agentes de Diprove investigando el robo de vehículos, pero su muerte no se habría relacionado con este delito, sino con haber encontrado, por casualidad, casi una tonelada de cocaína camuflada en los mismos.
Desde entonces se llevaron a cabo varios operativos, pero sin grandes resultados, aunque uno de ellos culminó lamentando la muerte de dos personas. En 2015, los Qaqachacas atacaron con armas de fuego a las fuerzas del orden que pretendían ingresar, un vehículo de la policía recibió 4 disparos, pero no se lamentó ningún muerto.
En cuanto a la logística, México Chico se abastece de hoja de coca a través de Quillacollo desde el Chapare, todo siguiendo la ruta de los vehículos indocumentados.
Aquí nace la pregunta: ¿por qué apoyan a Evo Morales los “narcocomunarios”?
La respuesta podría encontrarse en que el crecimiento de la economía ilegal de México Chico llegó a su pico más alto durante los 14 años de gobierno de Evo Morales quien, como presidente de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico, habría permitido el ingreso de coca ilegal, precursores y armamento, gracias a privilegios brindados por distintas autoridades.
Actualmente, en este periodo electoral, aquellos que mueven toda la economía ilegal de México Chico habrían encontrado la oportunidad de continuar con sus actividades ilícitas promoviendo el regreso de Evo Morales como su mejor alternativa.
