En una conferencia de prensa dada en las Naciones Unidas, el presidente Luis Arce Catacora declaró que no existe ninguna intromisión en las decisiones que toman los jueces bolivianos, dijo también que el gobierno siempre fue crítico con el órgano judicial. Por lo tanto, las críticas de los organismos internacionales son infundadas.
Como ejemplo de los esfuerzos del gobierno por llevar adelante una reforma judicial, el gobierno nacional se comprometió a cumplir todas las recomendaciones presentes en el informe del GIEI. En este sentido, se dieron pasos importantes como la promulgación de la Ley de Protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente que endurece las penas para agresores y malos operadores de justicia y la presentación del anteproyecto de ley para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Siendo la primera norma el fruto de la recientemente creada Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio.
El Ministerio de Justicia encara una reforma judicial que contempla los siguientes ejes estratégicos: Balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia e independencia judicial. En este sentido, el ministerio también trabaja en la formación de un grupo de abogados en la Escuela Judicial.
Asimismo, el Gobierno Nacional hace efectivas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Por ejemplo, la eliminación, en la normativa boliviana, del tipo penal de sedición, el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET) dejó de depender del Ministerio de Justicia y pasó a estar bajo tuición de la Defensoría del Pueblo, y el hecho de que la Ley de Reparación Integral de Víctimas se encuentre en plena elaboración.
