Pedro Callisaya fue posesionado la tarde de este martes como nuevo defensor del Pueblo, cargo en el que estará por los próximos seis años, es decir hasta septiembre de 2028.
En sus primeras palabras como defensor, Callisaya dijo que una de sus tareas es la “recuperar la credibilidad” de la Defensoría y fortalecer la independencia de la institución.
Fue a la Universidad de Lund, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde obtuvo el título de especialista. Esa formación la fortaleció con sendos diplomados de distintas temáticas como interculturalidad y descolonización y defensa legal del Estado.
Luego de lograr su especialidad en Derecho Procesal Penal y sobre el Nuevo Código Procesal Civil, Callisaya Aro obtuvo una Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Los títulos de su formación están reflejados en varios artículos escritos y dos obras: La Prueba, publicada por Editorial Idea, y Las acciones de defensa en el Código Procesal Constitucional, editada por Producciones Cima.
Además, el nuevo Defensor del Pueblo dictó docencia en la Universidad Pública de El Alto; la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, en la Universidad Privada “Franz Tamayo”; en la Escuela de Jueces; en la Escuela de Abogados del Estado de la Procuraduría General del Estado y en la Escuela Militar de Ingeniería.
Para Callisaya Aro será una suerte de reencuentro con la Defensoría, pues ya trabajó ahí durante 10 años y siete meses, en distintos periodos, ocupando diversos cargos: fue Jefe Nacional de la Unidad de Servicios a la Ciudadanía (2010); Jefe de la Oficina La Paz (2006); Jefe de Gestión Directa (2002) y Profesional en Atención a la Ciudadanía – El Alto (2001).
Además de cumplir con la labor de vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en dos ocasiones, entre 2012 – 2016 y 2017- 2021, trabajó como especialista de Derechos Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Callisaya Aro sucede en el cargo a Nadia Alejandra Cruz Tarifa, que dirigió la Defensoría del Pueblo de forma interina desde el 1 de febrero de 2019.
