La organización Pro Derechos Humanos Bolivia, dirigida por Nadeshda Guevara, presentó una denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Refugiados (ACNUR) contra el Subgobernador Daniel Velásquez, de la Provincia Ñuflo Chávez de Santa Cruz, por descargar latigazos sobre el cuerpo de madres ayoreas, quemar y destruir sus casas que se oponían al paro del gobernador Luis Fernando Camacho.
«Por la ola de violencia con muertes en el paro cívico de 19 días en Santa Cruz, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos denunció prácticas de terrorismo de Estado desde la Gobernación cruceña. Pro Derechos Humanos Bolivia puso en conocimiento los latigazos contra mujeres ayoreas y actos de ruptura constitucional y la Defensoría del Pueblo pidió a los responsables “estar conscientes de asumir las consecuencia de sus actos», señala en su primera parte el pronunciamiento.
Coincidió con la APDHB, en describir los hechos puntuales como sostenidas violaciones de los derechos de los ciudadanos disidentes del gobernador Camacho y Comité Cívico pro Santa Cruz.
La situación de alta conflictividad, señala la denuncia, pareciera estar dirigida a “generar nuevas tensiones en vista de una nueva ruptura constitucional como en 2019”. Por esto, Pro Derechos Humanos solicitó a la ACNUR “poner mirada atenta sobre violaciones a los derechos humanos, que se siguen dando por el paro cívico”
Por su parte, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Édgar Salazar, declaró que constató, en su visita a Santa Cruz, actos inhumanos contra mujeres ayoreas y sus hijos, denunció la muerte a golpes de un empleado en Puerto Quijarro, la del joven mototaxista cuando retornaba a su casa y ahora la “toma y cierre” del Servicio de Impuestos Nacionales, regional Santa Cruz, que impide la recaudación de obligaciones tributarias para el erario nacional.
