La Fiscalía General del Estado agrupó en un solo caso las numerosas denuncias contra el gobernador Luis Fernando Camacho, el líder cívico, Rómulo Calvo y otros líderes cruceños responsables por los numerosos incidentes acaecidos durante los 36 días de paro. Algunos de los cargos que se les imputan son incitación pública a delinquir, organización criminal y atentado contra bienes públicos, entre otros.
Acerca de las acusaciones presentadas, los miembros del Comité Interinstitucional denunciaron “persecución política” intentando eludir sus responsabilidades por los hechos de violencia generados en los 36 días de paro que se vivieron en la ciudad de Santa Cruz.
Por otro lado, víctimas y familiares de los hechos de Sacaba y Senkata en 2019 manifestaron que, en el caso de Luis Fernando Camacho, no existe persecución política sino, por el contrario, retardación de justicia, pues no fue juzgado por su participación en los sucesos trágicos que trajo consigo el golpe de estado.
El paro en la ciudad de Santa Cruz dejó atrás cuatro muertes, docenas de heridos, una violación grupal, la toma y quema de una sede campesina y de la COB, e innumerables casos de amedrentamiento, hostigamiento, extorsión y persecución avalados por el gobernador y los dirigentes cívicos.
