En el camino hacia la reactivación económica del país, el Presupuesto General del Estado para el año 2023, según sus voceros, “garantiza la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, además de la profundización del proceso de industrialización con sustitución de importaciones, y el fortalecimiento del aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad”. En ese marco, se continuará con la ejecución de políticas sociales y con la redistribución de excedentes.
Según los indicadores económicos, Bolivia es una de las economías con mayor inversión pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB): 6,5%, esto puede verse claramente en relación a países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil, que tienen una inversión pública menor al 3% respecto al PIB.
Estos resultados se deben, en gran medida, a la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que pone énfasis en la inversión pública y ejecuta proyectos de industrialización, reactivación de empresas estatales y dinamización de la economía.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que, en 2022, Bolivia continúa liderando la inversión pública en América Latina con 5,1% en relación al PIB.
El crecimiento de la inversión pública es evidente, pues pasó de $us 1.604 millones durante el gobierno de facto a $us 2.447 millones en 2022, siendo que se espera llegar a los $us 4.006 millones en la siguiente gestión.