Las víctimas de las masacres de Senkata, mediante un pronunciamiento pidieron al Ministerio Público iniciar procesos penales contra los responsables de la represión militar y policial en 2019, delitos que fueron calificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) como masacres y ejecuciones sumarias.
“En ejercicio del art. 24 de la CPE, pedimos igual trato procesal, es decir que, el Ministerio Público tiene la obligación de identificar a los autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores de los delitos identificados por el GIEI-CIDH en el informe final del 17 de agosto de 2021 (puntos 1 y 2)”, detalla el documento.
Desde el miércoles, las familias de las víctimas que murieron en Senkata, en Pedregal y Sacaba, así como varias organizaciones sociales, se movilizan en respaldo a la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado I.
En este caso se investiga la comisión de los delitos de terrorismo y conspiración. En el proceso penal figuran la exsenadora Jeanine Añez -quién fue sentenciada a 10 años de prisión- y quienes la acompañaron en su administración de facto entre 2019 y 2020, algunos de los cuales se encuentran prófugos.
El gobernador cruceño es uno de los principales investigados en el caso porque en 2019, cuando era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, lideró las protestas cívicas que derivaron en la crisis de noviembre de ese año.
Las familias de las víctimas aclararon que el juicio por el caso Golpe I “no es por los asesinatos y heridos consumados del 11 al 19 de noviembre de 2019” y solicitaron a la justicia avanzar en los procesos penales que ellos presentaron en el mismo año en que se perpetraron las masacres.
“Existen dos procesos penales abiertos en diciembre de 2019, radicados en la Fiscalía de Cochabamba, por la Masacre de Sacaba, y en la Fiscalía de la ciudad de El Alto, por la Masacre de Senkata, procesos penales que tienen tres años de investigación, en el cual la Fiscalía no ha realizado imputaciones formales por los delitos de asesinato, lesiones graves, torturas, masacres, genocidio”, afirman en el documento.
