Por Eliana Quiroz
Durante la última semana, se dio a conocer un proyecto de decreto supremo que proponía cambiar la responsabilidad de la gestión de un elemento de la infraestructura de internet en Bolivia que se llama Punto de Intercambio de Tráfico (PIT). Actualmente, el PIT es una entidad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, no depende de ninguna instancia estatal. El proyecto de decreto pretendía que la administración se cambie a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de información y Comunicación (AGETIC) para sentar soberanía sobre este recurso de infraestructura de telecomunicaciones.
Una buena administración del PIT logra que la velocidad de respuesta de internet se incremente, es decir, que en Bolivia tengamos un internet más rápido. La forma en que hace esto es que las solicitudes de información que cada usuario y usuaria hacemos, digamos buscar una página en Wikipedia, no van hasta internet porque no es necesario, sino a una copia de Wikipedia alojada en Bolivia. De esa manera, las solicitudes no deben viajar grandes distancias, se resuelven localmente. Cuando me enteré de esto hace varios años, me sentí timada, pensé: “en realidad, no navegamos en internet, sino en una copia desactualizada”. Sí, exactamente, pero pocas veces necesitamos conectarnos a la versión actualizada hasta el último segundo de internet y también es verdad que el PIT en Bolivia aún no abarca el mayor flujo de internet.
El senador Rodrigo Paz Pereira denunció la existencia de este proyecto de decreto, mencionando que con este cambio se pretendía “controlar las redes sociales”, es decir, los contenidos que se publican en éstas.
Frente a esta declaración, en las comunidades de tecnología se preguntaron cómo podía ser algo así si los contenidos de redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y otras) están alojados en las empresas de telecomunicaciones del país, no en el PIT, y tienen encriptación de extremo a extremo, es decir, nadie puede leer sus contenidos mientras se transportan. No hay forma alguna para que ese cambio le permita al Gobierno ejercer control sobre lo que se publica en redes sociales.
No es la primera vez que se denuncia la voluntad del Gobierno de “controlar los contenidos de las redes sociales” sin ninguna base de entendimiento técnico. El decreto fue finalmente desestimado por razones técnicas y no estoy argumentando a favor de cambiar el PIT a manos del Gobierno o no hacerlo, lo que quiero mostrar aquí es que esta falta de información de parte de los y las legisladores/ras acerca de temas tecnológicos les hace denunciar situaciones imposibles y, en otras ocasiones, ignorar cambios que sí pueden atentar contra los derechos ciudadanos en internet.
