El 25 de febrero de 2025, el investigador y analista Wilmer Machaca publicó un texto llamado “El caso de Francisco Marupa: Entre la búsqueda de la ‘verdad’ y el activismo mediático”, en el que expone la instrumentalización de hechos o personas por el activismo, en este caso, medioambiental. Esta exposición concuerda con una denuncia similar, hecha por este medio, sobre el “uso” de organizaciones no gubernamentales relacionadas al medio ambiente y los derechos de las mujeres en el tema del litio.
Machaca explica así este caso: “Según versiones de la comunidad, Marupa, de 68 años, fue asesinado en su hogar, en la comunidad de Torewa indígena. Era un adulto mayor que vivía solo, tenía siete hijos y se dedicaba a la agricultura, especialmente al cultivo de plátano. Su cuerpo fue encontrado en su chaco, cubierto con una carretilla y en estado de descomposición.”
El caso es que, sin mediar ninguna investigación, ese mismo día la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) emitió un comunicado en el que se señalaba a los mineros avasalladores como los responsables del crimen, a la vez que se presentaba a Francisco Marupa como un líder y protector de la naturaleza. Este comunicado, sumado a un conmovedor video en el que aparece la foto de Marupa con un audio en el que reflexiona sobre el cuidado de la naturaleza y los perjuicios de la minería, inundaron las redes, logrando la adhesión de la población en un sentimiento de indignación generalizado.
Sin embargo, Machaca destaca algunos puntos importantes en su investigación:
- La familia de Marupa señaló que el motivo del crimen fue el robo, pues los responsables robaron el dinero de la víctima, víveres y tres canoas. La comunidad habría recuperado una de las canoas en manos de Julio Lero Tayo y su hermano, dos jóvenes de Torewa campesina que estaban en posesión, según los familiares, de la canoa, un machete, un bidón de combustible y los víveres de Francisco. Por estos motivos, el ministerio público aprehendió a Julio Lero como principal responsable.
- No existirían registros de que Francisco Marupa haya sido un activista medioambiental, algo que fue confirmado en una entrevista a Domingo Ocampo, miembro antiguo de la comunidad que dijo no conocer a Marupa en el papel de activista.
- Marupa no habría estado viviendo ni tres años en Torewa indígena, y el evento en el que se habría grabado del audio, con el que se difundió el video en redes sociales, ni siquiera se habría llevado a cabo, por lo que el testimonio carecería de autenticidad y sería atribuible, por lo menos el audio, a otra persona.
Machaca finaliza su texto diciendo: “El caso de Francisco Marupa revela una compleja red de intereses, tensiones entre comunidades y activismo mediático en la Amazonía boliviana. La prisa por construir una narrativa de ‘defensor ambiental asesinado por mineros’ antes de una investigación adecuada, y las contradicciones entre los testimonios locales apuntan a una instrumentalización política de una tragedia humana”.
Luego de la muerte de Marupa, múltiples organizaciones firmaron un documento en el que se duda de la culpabilidad de Julio Lero y se apuntaba a los traficantes de tierra y la minería ilegal (ambas cosas, sin embargo, existen y no pueden pasarse por alto) pidiendo justicia y una amplia investigación del hecho. Lo interesante del caso es que varias de estas organizaciones son las mismas que firmaron un pronunciamiento en contra de los contratos por el litio, negándose a escuchar la información proporcionada por el gobierno usando un discurso ambientalista ampliamente replicado a través de las redes sociales.
¿Quiénes están detrás de estas organizaciones? financiadores internacionales como la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA por su sigla en inglés) y la Fair Green and Global (FGG) Alliance, entre otros, financiadores que a su vez usan a organismos como Both Ends y Mama Cash para sustentar distintas iniciativas en países de Latinoamérica y África. Más arriba en la línea están la Ford Foundation y la Rockefeller Philanthropy Advisors. Estas dos últimas conformadas por personas muy cercanas al gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, colectivos y organizaciones como el Colectivo Angirü Bolivia, Colectivo Casa, Colectivo Plurales, Colectivo Yo Soy Semilla, entre otros, estarían valiéndose de recursos muy cuestionables para congraciarse con su fuente de financiamiento: organizaciones no gubernamentales extranjeras.
En este contexto, es claro que muchas agrupaciones muestran una adhesión de buena fe a iniciativas de cuidado del medio ambiente, sin embargo, existen otras que instrumentalizan el discurso de las organizaciones e, incluso en este caso, instrumentalizan la muerte de una persona para conseguir financiamiento y perseguir los fines de sus entes financiadores.
