El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó a los medios de comunicación acerca de la imputación de la exministra de comunicación del gobierno de facto de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, con los cargos de tráfico ilícito de armas, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes, esto porque existen indicios de que ella fue quien hizo los contactos con personal policial ecuatoriano para la importación y traslado de armamento no letal durante los conflictos de 2019, ello sin cumplir con los procedimientos legales.
Esta imputación se da en el marco de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público acerca de la internación irregular de 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
El 25 de febrero se citó a Lizárraga mediante un edicto, sin embargo, ella no se presentó, por lo cual se inició el trámite para declararla “en rebeldía”. El fiscal anticorrupción, Junior Flores, comunicó que su audiencia de medidas cautelares se realizará el 23 de marzo, por el caso denominado “Armamento no letal – Ecuador”. En caso de que Lizárraga no se presentara a esta audiencia, se habilitarían los canales procesales para su captura a nivel nacional e internacional, pues el Ministerio Público sugirió su detención preventiva durante seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
