Al inicio de la pandemia de COVID 19, cuando en Bolivia se registraban los primeros cien casos, alrededor de 220 bolivianos residentes en Chile iniciaron su retorno al país. Sin embargo, se toparon con una frontera cerrada que, por decreto de Jeanine Áñez, prohibía la entrada de sus propios ciudadanos desde el exterior, con el fin de contener la propagación de la pandemia.
Estas personas, en algunos casos familias enteras, tuvieron que quedarse varadas en la comunidad de Huara, donde el gobierno los dejó a su suerte, siendo que los propios carabineros chilenos los dotaron de carpas y otros insumos como un acto humanitario. La indolencia de estas acciones llevó al ministro del interior chileno, Gonzalo Blumel, a pedir al gobierno de Áñez una “perspectiva humanitaria” ante el drama de los detenidos en Huara.
Uno de los bolivianos en la frontera expresó así su frustración: “Nos sentimos discriminados por nuestras autoridades y sentimos que nos han violado los derechos con este decreto”.
La otra cara de la moneda se vio en los últimos días con la llegada de conciudadanos provenientes de la zona en conflicto entre Rusia y Ucrania. Este fue el caso del músico David Martínez y su familia, quienes llegaron desde Ucrania escapando de la guerra. Los Martínez recibieron la colaboración del Estado boliviano para llevar a cabo los trámites necesarios para su repatriación y, a su llegada, fueron recibidos por el mismo canciller, Rogelio Mayta, quien comentó a los medios: “Los recibimos con el corazón abierto, con la felicidad de que ya están aquí con los bolivianos“.
La familia expresó su agradecimiento al Estado Plurinacional, el mismo que se encuentra pendiente de los otros 70 bolivianos que manifestaron sus intenciones de regresar a Bolivia.
