A través de Teodoro Mamani, director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el gobierno nacional desmiente que se haya dado vía libre a las empresas mineras para iniciar la explotación en áreas protegidas del país.
Mamani aseguró que “no se tiene previsto dar ninguna autorización de explotación” en el Madidi, Apolobamba y Cotapata, y que las empresas que se encuentran trabajando en estas localidades tienen permisos que datan de 1995, fecha anterior a su declaración como “áreas protegidas”.
Aclaró también que, al momento de asumir la presidencia, el gobierno de Luis Arce Catacora encontró en el Área Protegida del Madidi, 25 licencias vigentes, de las que revirtió 4 y anuló 17 que fueron autorizadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Las cooperativas de Cotapata también serían preconstituidas y se encontrarían bajo fiscalización del Estado, según lo especificado por el art. 369.IV de la CPE, para lo cual el SERNAP suscribió un acta en la que los mineros se comprometen al cuidado del medio ambiente. Según fuentes gubernamentales fue este documento el que está siendo presentado por activistas queriendo argumentar “un nuevo acuerdo de penetración en favor de las cooperativas”.
